Quito (Pichincha).- La ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Rosana Alvarado, en compañía del Presidente de la República, Lenín Moreno, la Vicepresidenta encargada, María Alejandra Vicuña y otras autoridades de Estado,  suscribió este tarde, en el Palacio de Gobierno, 24 acuerdos indemnizatorios con las víctimas de la Cooperativa Minera 10 de Enero, que hace 30 años fueron desalojadas violentamente de sus lugares de trabajo, ubicado en el sector La Playa, en la provincia de El Oro.

Víctor Pesantes, quien fue uno de los afectados de esta medida, afirmó que fueron 30 años de espera para poder finalmente gozar de justicia, motivo por el cual, dijo, estar satisfecho y alegre por lo logrado. Pesantes destacó la actuación del Jefe de Estado quien pidió disculpas a nombre del Estado. “Resalto la humildad del Presidente, pues a pesar de no haber estado ahí, hoy pidió perdón en nombre del país. Ahora tenemos una nueva justicia, con nuevos políticos que piensan en el bien de los demás”, aseveró.

Pesantes recordó que el día de los hechos, él y sus compañeros fueron agredidos por más de 100 policías, los cuales llegaron con la consigna de “sacarlos vivos o muertos”. Aseveró que en este contexto fueron agredidos. “En la tigrera nos patearon, nos amarraron y nos amenazaron con quitarnos la vida. Aunque no lo creíamos, la amenaza se cumplió al siguiente día, cuando llegaron con armas y empezaron a disparar. Murieron dos personas, siete quedaron discapacitados y otros tantos quedaron desaparecidos”, narró el ciudadano.

Janet Pesantes, que en aquel entonces tenía 10 años, comentó que los uniformados no solo agredieron a los mineros y sus allegados, sino que prendieron fuego a todas las viviendas para no dejar rastro del lugar. “Cuando empezaron los disparos, nos metimos debajo de la cama, pero mi tío entró y nos dijo que las casas también estaban siendo quemadas. Ahí salimos y de esta forma pudimos salvar nuestras vidas”, enfatizó.

Aunque fueron momentos difíciles, dicen que luego de 30 años, es hora de seguir adelante. Invitó a la ciudadanía que ha sido afectada por actos de violencia a seguir luchando por la justicia. “Estamos viendo que, actualmente, la justicia opera mucho mejor, por lo que sí podemos confiar”, concluyó.

Los 24 acuerdos están avalados por ‘Ley para la reparación de las víctimas y la judicialización de violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos en Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008’, que fue publicada en el Registro Oficial 143, el 13 de diciembre de 2013.

De acuerdo con esta norma, la Defensoría del Pueblo es la responsable de crear el ‘Programa de reparación por vía administrativa para las víctimas de violaciones de los derechos humanos documentadas por la Comisión de la Verdad’. Las personas beneficiarias de estas medidas son las víctimas directas de las violaciones de derechos humanos, sus cónyuges o parejas por unión de hecho y familiares hasta el segundo grado de consanguinidad.

La reparación integral busca la solución que, objetiva y simbólicamente, restituya a la víctima sus derechos, al estado anterior a la comisión del daño e incluye el conocimiento de la verdad de los sucesos y la restitución, las indemnizaciones de daños materiales e inmateriales, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado. HP\ El Ciudadano