Cuenca (Azuay).-  El Primer Mandatario, Rafael Correa, informó que la evidencia encontrada en el domicilio de Fernando Villavicencio, autodenominado sindicalista petrolero, y en la oficina de Cléver Jiménez, asambleísta de Pachakutik, justifica plenamente los allanamientos realizados, a finales de 2013.

Se busca así descubrir a los autores de hackeo a las cuentas del Jefe de Estado y del Secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera. De hecho, el Presidente Correa ratificó que se llegará hasta las últimas consecuencias en el caso Jiménez – Villavicencio, más aún cuando el asambleísta de Pachakutik develó en televisión nacional los correos electrónicos del Gobernante.

“Llegaremos a las últimas consecuencias, independientemente de la campaña mediática. En este país debe acabarse la inmoralidad, se ha hackeado al Presidente de la República, por favor”, enfatizó Rafael Correa, en entrevista con Telerama.

El pasado 2 de enero, el Primer Mandatario anunció que enjuiciará penalmente al asambleísta Cléver Jiménez y a su asesor Fernando Villavicencio por el delito de divulgación de documentos interceptados ilegalmente.

El artículo  subsiguiente al 202 del Código Penal -artículo agregado por Ley No. 67, publicada en Registro Oficial Suplemento 557 de 17 de Abril del 2002- señala claramente que quien “empleando cualquier medio electrónico, informático o afín, violentare claves o sistemas de seguridad, para acceder u obtener información protegida, contenida en sistemas de información; para vulnerar el secreto, confidencialidad y reserva, o simplemente vulnerar la seguridad, será reprimido con prisión de seis meses a un año”.

Lo más importante: el precepto legal informa que si la información obtenida se refiere a seguridad nacional y a secretos comerciales o industriales, y ésta, a su vez, fuera divulgada, existirá una pena de reclusión menor de tres a seis años y una multa de dos mil a diez mil dólares americanos.

Y durante 2013, Jiménez señaló públicamente que tiene en su poder los correos electrónicos del Presidente de la República, Rafael Correa, en flagrante abuso de la inmunidad parlamentaria.

El Mandatario insistió en que no se puede hackearse, ni divulgarse, la información del Gobierno. No se tratan de actos de corrupción, como habla la oposición, sino que en cierta medida tendría relación al tema de Chevron,  a pesar que “tenemos un litigio (con la multinacional) en La Haya por 19 mil millones de dólares que podría quebrar al país”, acotó.

Por tal motivo, Rafael Correa nuevamente justificó la diligencia realizada en el domicilio de Villavicencio y a la oficina de Jiménez.

“Somos los ofendidos. Es como que si usted pide una diligencia previa para allanar un taller porque le robaron el carro; usted tiene todo el derecho de estar allí para ver si está su carro. Tuvimos representantes y vimos todo lo que se descubrió y podemos ratificar que está más que justificada la diligencia”, expresó.

Sobre las últimas declaraciones de Jiménez y Villavicencio de que ellos no hackearon, sino que a ellos les entregaron la información, el Presidente señaló que, de ser cierta esa versión, por medio de ellos dos se buscará a quienes hackean directamente, porque se trata de un delito grave que atenta a la seguridad del Estado. DEO/El Ciudadano