Riobamba (Chimborazo).- Ante las amenazas de la oposición, especialmente de la Conaie, de movilizaciones en rechazo al proyecto de Ley de Recursos Hídricos, el Presidente Rafael Correa señaló que las puertas del diálogo sobre la normativa se encuentran abiertas, pero ratificó que no se aceptarán presiones, ni intimidaciones políticas.

“Lastimosamente cierta dirigencia indígena ha perdido toda orientación política e histórica (…) Vayan a imponerse en su casita. Si quieren dialogar las puertas estarán abierta”, manifestó el Primer Mandatario, desde la ciudad de Riobamba.

El conflicto surge porque cierta dirigencia indígena exigió que los consensos alcanzados en la consulta prelegislativa de la Ley de Aguas sea vinculante, es decir, que esté por encima del papel legislador de la Asamblea Nacional y la Función Ejecutiva.

El Primer Mandatario rechazó esa táctica que quebranta las normas ecuatorianas, los convenios internacionales y la legitimidad democrática del Gobierno, que en las últimas elecciones presidenciales ganó en primera vuelta.

El Gobernante también recordó cómo se generó violencia en el país, durante 2009, cuando iniciaron los debates sobre el proyecto de ley, violencia que incluso cegó la vida del profesor amazónico, Bosco Wisuma, en el mes de septiembre de ese año.

El pasado 19 de mayo, el legislador Virgilio Hernández señaló que las presiones de la Conaie desfavorecen el diálogo nacional para la aprobación de la norma en la Asamblea Nacional.

Y dijo que, en el caso de la consulta prelegislativa sobre la Ley de Aguas, se han realizado audiencias provinciales y nacionales y se buscará -en el marco de lo que determina la Constitución y los Acuerdos Internacionales- una legislación para el conjunto del país.

“El tema agua no solo involucra a los pueblos y nacionalidades, sino al conjunto del país, el agua es un derecho humano fundamental. Estamos buscando que exista un mínimo básico de agua para consumo humano, para el riego, de tal forma que tiene que verse la problemática en el marco de los intereses globales del país y, en ese sentido, es trascendental encontrar acuerdos y consensos en todos aquellos aspectos que han estado sujetos a discusión”, acotó.

Enfatizó que en este momento se debe poner voluntad y no condicionamientos, “porque éstos lo que hacen es debilitar las posibilidades de acordar”. También señaló que hay disposiciones constitucionales, legales -el propio convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo)- que determinan que la consulta debe ser realizada por el Estado, debe ser de buena fe y debe procurar acuerdos.

Respecto al anuncio de la Conaie de llamar a movilización exigiendo que la consulta prelegislativa de la Ley de Aguas sea vinculante, María Augusta Calle, vicepresidenta de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, dijo, también a mediados de mayo, que “lo de vinculante es un tema constitucional, no de una postura de una organización; ellos se tienen que remitir al texto constitucional, que establece, con claridad, que los resultados no son vinculantes”. DEO/El Ciudadano