Quito (Pichincha).- Vanos fueron los esfuerzos de varios asambleístas de la oposición que proponían el rechazo del proyecto de Ley de redistribución del Gasto Social. Con 79 votos a favor, 5 en contra y 11 abstenciones, el Legislativo aprobó una ley que implica el incremento en el pago de impuestos para las instituciones bancarias que solo pagaban el 13% de impuesto a la renta y que ahora deberán pagar el 23% como lo hacen empresas de otros sectores.

Así, luego de un amplio debate con roces entre asambleístas de Alianza País, Sociedad Patriótica y Madera de Guerrero se aprobó la Ley que regulará a los bancos y la redistribución de los ingresos del Gasto Social. Una de las consecuencias de la aprobación de esta Ley será el incremento del Bono de Desarrollo Humano (BDH) de $35 a $ 50.

Además, la Ley establece el pago del 12% de IVA de los servicios financieros y las multas económicas para las entidades financieras que no entregue información al Servicio de Rentas Internas (SRI) sobre los movimientos de sus clientes. El asambleísta Paco Velasco, presidente de la Comisión de Régimen Económico, explicó que “las instituciones financieras domiciliadas en el Ecuador, en el ámbito de esta reforma, les queda terminantemente prohibido trasladar las cargas tributarias a los clientes y usuarios de la mismas”.

En el texto elaborado por la comisión legislativa se incluye una norma para revisar los “megasueldos” que reciben banqueros y los ejecutivos de ese sector. Hay ejecutivos bancarios que ganan más de $ 70 000 mensuales. A eso el Gobierno Nacional pretende poner un freno a los beneficios que adquirieron los banqueros en épocas pasadas y estimular la equidad.

Silvia Salgado, del Partido Socialista, manifestó que esta Ley no es inconstitucional y que según encuestas el 78% de ecuatorianos aprueba la Ley de redistribución de Gasto Social. Además, la asambleísta expuso su inconformidad con los voceros de la banca que quieren dar sugerencias al Ecuador escondiendo que en 1999 los ecuatorianos no recibieron cartas de alerta de los banqueros para decirles que iban a ser saqueados. “A nombre de que la banca tiene que pagar menos impuestos”, concluyo Salgado.

Otros asambleístas como Mauro Andino, Juan Carlos Cassinelli y Soveida Gudiño invitaron a reflexionar sobre el rol que han jugado las instituciones financieras en contra de los intereses de la ciudadanía evadiendo el control del Estado desde el año 1993 cuando se aprobó una Ley de desregularización. Además, se recordó que el 1 de diciembre de 1998 se puso un impuesto del 1% a la circulación de capitales que afectaba a la economía de las mayorías menos a las ganancias de las instituciones financieras.

El parlamentario Cristian Viteri expuso en el debate que la banca está compuesta en su patrimonio con un 10 o 12 % de recursos propios. “El resto está apalancado por depósitos de los ciudadanos” e invitó a reflexionar sobre los beneficios que han adquirido los banqueros con dinero de la mayoría de los ciudadanos. SAU/ El Ciudadano