Guayaquil (Guayas).- En el tema de la penalización de la mala práctica médica que se debate al interior de la Asamblea Nacional, el Presidente Rafael Correa consideró que en este caso hay que buscar el justo equilibrio.

En el conversatorio con los medios de comunicación realizado en la Gobernación del Guayas, el Primer Mandatario indicó que respeta la postura de los médicos y “eso demuestra cómo está cambiando el país” pues antes se quería imponer la voluntad de una persona o sector recurriendo a paralizaciones comandadas por sectores retardatarios. Lamentó que ciertos galenos del sector público estén amenazando con renunciar – pero que si van al sector privado- igual tendrán que acatar el Nuevo Código Orgánico Integral Penal.

Precisó que se ha hecho un análisis comparativo con las legislaciones de otros países porque no solo en Ecuador se quiere penalizar la mala práctica profesional.

Por ejemplo explicó, en España el artículo 142 establece que el profesional que por imprudencia grave causare la muerte de otro será castigado con pena de prisión de uno a cuatro años. Es más, en el numeral 3 cuando el homicidio sea cometido por imprudencia profesional se impondrá además la pena de inhabilitación especial por el ejercicio de la profesión oficio o cargo.

De igual forma, en Argentina en el artículo 84, se señala que será reprimido con prisión de seis meses a cinco años e inhabilitación especial -en su caso- por cinco a 10 años el que por imprudencia negligencia o impericia en su arte o profesión causare a otro la muerte.

En Chile, en el artículo 491, el médico cirujano o farmacéutico o matrona que causare mal a las personas por negligencia culpable en el desempeño de su profesión incurrirá en la pena de reclusión.

De esta manera “no somos los únicos que queremos penalizar la mala práctica profesional, incluida la médica”, dijo el Gobernante.

En este contexto también se incluye el chofer que por exceso de velocidad generó un accidente o el ingeniero que por hacer mal un puente éste se cayó y provocó la muerte de una familia. JV/El Ciudadano