Quito (Pichincha).- El Presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, asistió a la ceremonia que selló 24 acuerdos indemnizatorios por parte del Estado con un grupo de víctimas que sufrieron violación de sus derechos humanos.

El acto se desarrolló en el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet, y al mismo acudieron los familiares de las víctimas, la vicepresidenta encargada, María Alejandra Vicuña, varios ministros y autoridades nacionales.

“La igualdad de derechos es el pilar de una verdadera democracia”, dijo el Mandatario en su intervención. Recordó que Ecuador es uno de los 25 países que han ratificado el llamado Pacto de San José y todos los tratados interamericanos en materia de derechos humanos.

Pidió celeridad a los organismos encargados en la investigación, por considerarla prioritaria para el Gobierno Nacional, y remarcó que el recuerdo de estos casos sirve para que hechos similares no vuelvan a repetirse jamás en nuestro país.

Los casos que se firmaron hoy fueron documentados por la Comisión de la Verdad, que investigó graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad ocurridos entre 1984 a 2008.

Los 23 acuerdos corresponden al desalojo violento de los lugares de trabajo del que fueron víctimas varios mineros artesanales de la Cooperativa 10 de Enero, en el sector La Playa, en la provincia de El Oro, ocurrido en 1987. Durante este hecho se produjeron detenciones ilegales, tortura, violencia sexual, atentados contra la vida y ejecución extrajudicial.

Al respecto, Ermenegildo Jiménez, durante la ceremonia, en representación de las víctimas, expresó su agradecimiento “por el acompañamiento, compromiso y trabajo del Ministerio de Justicia a favor de los derechos humanos”.

El caso restante se refiere a la tortura por parte de agentes de la Policía Nacional a militantes del grupo Alfaro Vive Carajo, ocurrido en 1985 en la ciudad de Quito.

La Comisión de la Verdad, creada en mayo de 2007, documentó e investigó las afectaciones a 456 víctimas en 118 casos.

La Constitución del Ecuador, instrumentos internacionales y la normativa legal vigente determinan que el Gobierno Nacional está en la obligación de reparar a las víctimas y sus familiares. Las reparaciones se realizan por dos vías: al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos le corresponde el proceso material, mientras que la Defensoría del Pueblo lleva adelante la reparación inmaterial.

La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, recordó que, durante una época reciente, imperó en el Ecuador un terrorismo de Estado que dejó muchas víctimas de violencia política y múltiples agresiones a los derechos humanos.

Durante el Gobierno del Presidente Lenín Moreno, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, ha alcanzado 32 acuerdos indemnizatorios. Hasta fin de año la meta es concretar 30 acuerdos más. SD /El Ciudadano