Quito (Pichincha).- La revolución en la educación universitaria es un compromiso del Gobierno Nacional. Por eso, durante el Régimen del Presidente Rafael Correa existe un incremento histórico en el presupuesto para la educación superior gracias a la nueva fórmula de distribución de recursos públicos.

El Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), René Ramírez, anunció que este año el presupuesto para las universidades es de 1 656 millones de dólares, 346 millones más que el año anterior.

Para las universidades y escuelas politécnicas el aumento alcanza el 22 por ciento, en promedio, mientras que para las universidades de posgrado y cofinanciadas el incremento llega al 20.

En el segundo semestre del 2013, universidades categoría A recibirán más rentas para la búsqueda de la calidad académica. Esta cifra llega a los 85 millones de dólares más este año que el 2012. Por ejemplo, la Universidad Central recibirá por ejemplo 116,53 millones de dólares, esto representa 21,54 millones de dólares más que el año pasado.

Lo mismo sucede con la Escuela Politécnica del Chimborazo que recibirá 12 millones más; la Técnica de Ambato nueve millones más; la de Cuenca 12 millones, y la Politécnica Nacional diez millones más que el ejercicio anterior (más detalles ver cuadro adjunto).

Ramírez explicó que el total la inversión del Estado desde el 2007 supera los 7 348 millones de dólares. Esta cifra es la más alta en toda la historia. En relación al Producto interno Bruto (PIB) para el 2013 la tasa de inversión alcanza el 1,85 por ciento y en el 2006 era del 0,72%.

Esta tasa supera en América Latina a la inversión promedio en estos años de Brasil (0,95), Argentina (1,15) o Chile (0,94). Y solo es equiparable con la inversión en talento humano de las economías industrializadas.

El incremento en las finanzas para las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores y otros sectores del sistema es posible gracias a la nueva fórmula de distribución de recursos que privilegia la asignación en función de los criterios de: calidad (60 por ciento), eficiencia académica y pertinencia (32,3), excelencia (6) y eficiencia administrativa (1,7). El mecanismo se aplicará de forma progresiva desde este año hasta el 2016.

Antes de la expedición de la nueva fórmula, la distribución de recursos a las universidades se regía por la Ley de Educación Superior del año 2000 y por las regulaciones del CONESUP que establecieron un modelo de asignación basado en criterios como la proporcionalidad al número de estudiantes, profesores o necesidades de cada institución, sin atención a indicadores de calidad.

“Era un modelo de asignación poco transparente y discrecional que generaba altos grados de inercia ante la ausencia de medición de resultados, no existían estímulos para la búsqueda de la excelencia. Ocurrió el peor de los escenarios: el reparto adverso tendió a favorecer a las instituciones de menor calidad en desmedro de las mejores. El nuevo sistema rompe este círculo vicioso, premia la calidad y la gestión, y se dirige a la transformación del sistema”, dijo Ramírez. CIT / El Ciudadano