La actividad minera ilegal desarrollada en el Parque Nacional Podocarpus será sancionada. Así lo decidió el Tribunal Único de Garantías Penales de Zamora Chinchipe, el pasado miércoles 17 de abril, al dictaminar sentencia de indemnización y cárcel en un juicio por delitos ambientales, en el cual el Ministerio del Ambiente (MAE) fue el denunciante y acusador principal.

La audiencia de juzgamiento se realizó entre el lunes 15 y el martes 16 de abril. En el tercer señalamiento dentro del juicio N°16-2012, en el que comparecieron todas las partes, se impuso una pena de ocho meses de prisión para Darwin José Sucunta Llanes, responsable de las actividades ilegales. Adicionalmente, el implicado deberá pagar un monto de $ 2 294.

El Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS) y la Dirección Provincial del Ambiente de Zamora expusieron los insumos técnicos en el proceso penal. Las labores de evaluación, valoración y auditoría socioambiental, requeridas por la Fiscalía, fueron realizadas por un equipo técnico conformado por biólogos, ingenieros en gestión ambiental e ingenieros ambientales. Esta participación fue indispensable, considerando que son peritos debidamente acreditados por el Consejo de la Judicatura.

La tasación del daño en la zona, realizada por el PRAS asciende a $2’ 155 568. No obstante, el Tribunal de Garantías Penales de Zamora realizó una división per cápita entre todos los implicados para imponer la pena. Según las estimaciones de ocupación, alrededor 960 personas están comprometidas en el caso. Por ese motivo, el principal acusado pagará el monto antes señalado.

Frente al fallo, el MAE está analizando la posibilidad de apelar la sentencia, tomando en cuenta los valores totales a los que asciende el daño en el Área Protegida y el peso de las pruebas periciales presentadas.

El juicio de Podocarpus es uno de los procesos legales que esta Cartera de Estado lleva adelante, a través del PRAS, para combatir la minería ilegal. Cabe recalcar que el MAE participa activamente en la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal (CECMI) desde su fecha de creación, el 6 de mayo del 2011, bajo Decreto Presidencial No. 754.