Esta normativa fue entregada tras un proceso previo de diálogo entre el Gobierno Nacional y diferentes actores políticos y sociales. La principal coincidencia de todos: que el nuevo proyecto mantenga un espíritu solidario y quienes más tienen, aporten para asegurar la protección social de los que menos tienen.

A más de la solidaridad, la responsabilidad y la real capacidad contributiva son los principios generales de esta normativa que –además– no incrementa el Impuesto al Valor Agregado (IVA), ni tampoco crea ningún impuesto para los sectores más necesitados.

Entre los beneficios del proyecto se encuentra la condonación de intereses para 9.000 jóvenes que mantienen créditos educativos. Esto también aplicará para sus garantes solidarios. Asimismo, se elimina el anticipo para el refinanciamiento de deudas. Es decir, la gente ya no tendrá que pagar el 20%, previo al establecimiento de convenios de pago con instituciones como el IESS, SRI, la banca pública, entre otras. También se establecerá el 0% de IVA para las tiras reactivas de medición de glucosa, las bombas de insulina y marcapasos. De otro lado, los ciudadanos que mantengan deudas pendientes tendrán 120 días para pagarlas para que su historial crediticio quede limpio.

Los agricultores también son favorecidos: las flores, el follaje y los tractores de hasta 300 caballos de fuerza ya no tendrán IVA. Además, habrá un sistema tributario simplificado para el sector.

A los emprendedores se los apoya con varias medidas: se elimina el anticipo del Impuesto a la Renta y los negocios podrán avanzar mejor ya que se eliminarán más de 100.000 agentes de retención.

La propuesta legal fortalece los principios de progresividad, eficiencia y simplicidad administrativa en materia tributaria: a mayor ingreso, mayor aporte y mayor solidaridad. Por ello se propone una contribución única para sociedades con ingresos gravados mayores a un millón de dólares. Asimismo, quienes perciben ingresos mayores a 100.000 dólares: solo podrán deducir de su Impuesto a la Renta los gastos correspondientes a enfermedades catastróficas, huérfanas o raras.

Para los más vulnerables, el Gobierno propone beneficios acordes a su realidad. Por ejemplo, en 2020 las empresas afectadas por las últimas paralizaciones pagarán 10% menos del Impuesto a la Renta. Esto regirá para los sectores de agroindustria, agricultura y ganadería de las provincias de Cotopaxi, Imbabura, Bolívar, Chimborazo, Tungurahua y Cañar. Otra buena noticia es que 30.000 familias afectadas por el terremoto de 2016 y que recibieron crédito para reconstruir sus casas, ya no tendrán que pagar esa deuda.

Lo que se recaude con el proyecto de Reformas Tributarias será para quienes más necesitan: el 65% de la inversión pública se destinará al sector social.

La normativa propuesta es solidaria, equitativa, justa y ha sido enriquecida con planteamientos y observaciones de varios sectores. Por ello, el Gobierno Nacional espera que en la Asamblea Nacional se actúe por el bien del país y este proyecto se viabilice para impulsar a estudiantes, emprendedores, agricultores, familias vulnerables y a la ciudadanía en general. Son estos grupos quienes esperan su aprobación, antes de que el año termine.

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