La secretaria general encargada de la Presidencia de la República, Johana Pesántez Benitez, participó en el webinario internacional “Integridad para la prosperidad: Lanzamiento del Manual de la OCDE sobre Integridad Pública”, evento realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y donde participaron varios representantes de gobiernos y de organismos internacionales.

En este espacio de debate, discusión y pensamiento crítico en el marco del manual, como documento de orientación, la Secretaria General ecuatoriana enmarcó su aporte con tema de “Apertura e integridad en la administración pública”, relacionado con el capítulo noveno.

Puntualizó que “en el contexto de la integridad pública, (la apertura) hace referencia a culturas organizacionales que permiten interpelar o discutir de manera horizontal sobre situaciones que afecten la ética de las instituciones”. De esta forma invitó a reflexionar sobre la rigidez del modelo jerárquico que la dificulta y que aún conservan los gobiernos.

Con el fin de fomentar una cultura organizacional abierta, la Secretaria General manifestó que es importante generar y fortalecer dos elementos. “De líderes que respondan y brinden consejos para resolver los asuntos de manera oportuna; y, de empleados que sientan seguridad para alertar sobre situaciones contrarias a la ética”. Dicho empoderamiento implica: 1) Estimular una cultura abierta para discutir dilemas éticos con libertad; 2) Proveer de reglas y procedimientos para reportar las denuncias y se asegure la protección del denunciante, y, 3) Proporcionar de canales de denuncia con mecanismos de confidencialidad.

Al respecto, enfatizó que las estructuras estatales ecuatorianas cuentan con entidades competentes en los ámbitos de investigación, control y sanción en los actos de corrupción. No obstante, consideró necesario seguir reforzando la apertura en todas las instituciones e iniciar estas acciones “desde casa”.

Destaco la creación de códigos y comités de ética en las instituciones públicas, como espacios de discusión y mediación interna; a los comités institucionales de transparencia, encargados de velar por el cumplimiento de la normativa nacional en el tema; y al sistema “Contacto Ciudadano”, que permite ingresar preguntas, quejas, sugerencias, a través de las páginas web de 109 instituciones públicas, con la debida protección de datos personales y anonimización.

La Secretaria General manifestó también que en Ecuador se está trabajando para que los marcos regulatorios sean los idóneos para cumplir con los objetivos de Estado. Dichos esfuerzos se concentran en generar políticas de datos abiertos y en mejorar la calidad de los servicios públicos para garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, por citar unos casos.

Acciones como éstas responden a la implementación del Gobierno Abierto en Ecuador y del primer Plan de Acción como miembros de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés), desde el año 2018, resultado de un trabajo horizontal entre sector público, la sociedad civil y la academia, que invita a repensar la horizontalidad en las instituciones públicas.

Finalizó su intervención señalando que, a más del trabajo realizado al momento, la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 brinda a la administración pública el desafío de replantear los modelos de gestión con un enfoque de apertura. Por lo tanto, que en Ecuador apuntamos a la participación de varios sectores sociales en los asuntos públicos para que afrontemos con integridad los retos que se avecinan.

Más información:
http://www.oecd.org/publications/manual-de-la-ocde-sobre-integridad-publica-8a2fac21-es.htm

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