El pasado 7 de diciembre de 2022, en la Plataforma de la Gestión Gubernamental Financiera de la ciudad de Quito, se llevó a cabo el conversatorio “Impactos del narcotráfico a los procesos electorales y la importancia del periodismo de investigación” organizado por la Secretaría de Política Pública Anticorrupción en colaboración con el Instituto Republicano Internacional (IRI). En este evento participaron Luis Verdesoto, Secretario de Política Pública Anticorrupción; Sara Salazar, jueza y fiscal de Colombia; María Belén Arroyo, Christian Zurita, Carlos Jijón, Jean Cano, periodistas de investigación, y Diego Pérez, representante de la academia. El evento tuvo como objetivo sensibilizar sobre los riesgos del narcotráfico y crimen organizado en los procesos electorales y el papel fundamental del periodismo de investigación en este ámbito, a pocos meses de las elecciones seccionales del 2023.

El Secretario Verdesoto abrió el evento señalando la importancia de que Estado y periodismo conjuguen esfuerzos en función de prevenir el financiamiento ilícito de candidaturas, sobre todo teniendo presente que el crimen organizado ya no solo financia campañas electorales, sino que disputa directamente cargos políticos en los procesos electorales. Esta intrusión del crimen a la política implica un grave peligro a la estabilidad de la democracia y del Estado.

Desde su experticia como jueza y fiscal, Sara Salazar mencionó que el narcotráfico no se combate solamente con leyes. Los delincuentes no se sienten amenazados con la investigación judicial porque tienen las facilidades y recursos para huir del país. Incluso la privación de la libertad no resulta un problema, pues su patrimonio se mantiene. Lo que sí afecta a las organizaciones criminales es la expropiación de bienes. Uno de los inconvenientes es que, para investigar el patrimonio de criminales, estos deben recibir sentencia. Por ello, la extensión de dominio debe contemplar el decomiso de bienes sin condena.

Por su parte, los periodistas asistentes indicaron que las investigaciones han permitido identificar casos de financiamiento ilícito de campañas electorales y falencias en las leyes que permiten a personas con antecedentes delictivos disputar un cargo público. Un punto en común fue el señalamiento de las debilidades institucionales de los entes de administración de justicia, mismas que perpetúan un mensaje de impunidad. Asimismo, mencionaron que el periodismo de investigación resulta una actividad de alto riesgo en un ambiente sin garantías, colmado de violencia y silenciamiento.

El Secretario Verdesoto cerró el conversatorio resaltando la importancia de generar una agenda compartida entre periodismo y Estado que permita la articulación con la sociedad civil en la perspectiva de tener una postura de rechazo a la intrusión del crimen organizado a la política. De la misma manera, expresó que se debe tomar conciencia de las debilidades, pero también de las fortalezas del Estado y la sociedad en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Existen conocimientos, diagnósticos institucionales y sociales, personas expertas y periodistas que podrían articular una agenda compartida entre la sociedad civil y el Estado.