Quito, 18 de septiembre de 2025. – El caso de Synohidro destapó un esquema de corrupción de gran escala que significó más de 76 millones de dólares en perjuicio para el Ecuador.

Ese mismo esquema sospechoso de lavado de activos se evidencia en casos similares en el país. Por ejemplo: uno en el que se ha advertido la transaccionalidad de más de 5 millones de dólares con facturación inorgánica por una empresa de medios que usó a sus proveedores como fachada.

La presunta conexión entre ambos casos se da por medio de su abogado, quien actuó bajo esa figura en el primer escenario y replicó el esquema en el segundo.

Distintos escenarios, la misma práctica: utilizar facturas por servicios inexistentes o sin coherencia al perfil económico de uno de los involucrados, para introducir dinero, principalmente en efectivo a la compañía.

En este contexto, el Secretario General de Integridad Pública, José Julio Neira, denunció en un video difundido en redes sociales la existencia de un esquema de evasión tributaria protagonizado por esta empresa de medios de comunicación que, valiéndose de mecanismos fraudulentos, buscó introducir millones de dólares al sistema financiero ecuatoriano.

Según explicó el Secretario, la compañía utilizó 75 vendedores de periódicos, conocidos como “canillitas”, como fachada para realizar depósitos bancarios en efectivo. Las investigaciones revelan además la existencia de vínculos familiares entre quienes figuraban como depositantes, e incluso la participación de una persona con antecedentes penales por delincuencia organizada.

A este mecanismo se suma la contratación de 36 supuestos proveedores, quienes facturaron alrededor de 6 millones de dólares a favor de la misma empresa sin que exista evidencia de un servicio real, lo cual dibuja un patrón sospechoso: “En los papeles aparecía como si se hubieran hecho compras, pero en la realidad esos servicios nunca existieron o tenían precios sobredimnensionados, algo imposible concretar debido al perfil económico de estos proveedores”, enfatizó.

Las inconsistencias son evidentes: entre 2023 y 2024, las compras registradas superaron los 5 millones de dólares; sin embargo, en las declaraciones electrónicas la empresa reportó ingresos y costos mínimos. Incluso, se aprovecharon de beneficios como el RIMPE, pensado para pequeños negocios, no para operaciones millonarias.

Como resultado de las acciones de control, 12 contribuyentes ya fueron notificados por diferencias tributarias y deberán incluir los ingresos omitidos en sus declaraciones, pagando los valores pendientes con intereses y multas. Otros 3 contribuyentes están en proceso de entregar la información requerida. En total, 15 contribuyentes vinculados a la distribución al por mayor están bajo investigación y tienen un plazo de 20 días hábiles para justificar sus operaciones.

El Secretario Neira recordó que la evasión tributaria es un delito sancionado con hasta 10 años de cárcel según el artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

“Ese era el Viejo Ecuador: un país donde las mafias usaban a los más humildes como pantalla para evadir millones. Pero ahora El Nuevo Ecuador, defiende y no hay espacio para la impunidad”, subrayó Neira.