Quito (Pichincha).- El ajuste económico más grande de América Latina lo realizó el Gobierno ecuatoriano. Hasta el momento se registra una reducción del 21,1 % del prepuesto del Estado Central.

El Presidente de la República, Rafael Correa, durante el Enlace Ciudadano 473, explicó que el denominado “gasto público” no es excesivo. Señaló que el cáculo del Presupuesto General del Estado (PGE) en el caso de 2008-2009 pasó de 10.358 a 22.924 millones de dólares. “Y no es porque se duplicó el gasto público, es que se contabilizó de diferente manera”, dijo, agregando que se incluyó a los ingresos petroleros que antes de este Gobierno se destinaban al Feirep, Fondo de Estabilización, Inversión y Reducción del Endeudamiento Público.

Este valor equivaldría a 6.000 millones de dólares, tomando en cuenta los precios del petróleo en el 2009. Dinero que antes del Gobierno de la Revolución Ciudadana no se encontraba considerado por el presupuesto del Estado. Esta situación desmiente a las afirmaciones que ha realizado cierta oposición política, en referencia a un supuesto incremento en el gasto público.

También existe eficiencia estatal y la reducción de instituciones públicas durante este Gobierno. Por ejemplo, La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) ha sustituido a tres instituciones: la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, el Consejo Nacional de Telecomunicación y la Superintendencia de Telecomunicaciones. Factores como este también desmiente el tamaño excesivo del Estado.

Al respecto, el Presidente Rafael Correa ha sido enfático al señalar que “no hay teoría óptima para el tamaño del Estado, cada sociedad debe tener el volumen que necesita”. Situación con la que coinciden analistas como Atilio Borón, quien mencionó la importancia del Estado siempre y cuando tenga la capacidad para distribuir riqueza y posibilitar un país de bienestar social.

Cabe puntualizar que la reducción económica por poderes del Estado se lo ha realizado de la siguiente forma: a la función electoral se le redujo en el 23,2%, Legislativo 21,7%, Transparencia y Control Social 15%, Judicial 17,9% y Ejecutivo 21,3%, que en promedio se alcanza el 21,1%. /AD El Ciudadano.