Quito.– En el marco del relacionamiento técnico que mantiene el Ecuador con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se llevó a cabo el Taller Nacional sobre Indicadores de Integridad Pública (IIP), espacio en el que la OCDE presentó los resultados de los indicadores “Eficacia del control interno y la gestión de riesgos” e “Integridad en los sistemas de justicia y disciplina” que fueron analizados en el contexto ecuatoriano.

Gracias a la articulación de la Secretaría General de Integridad Pública (SGIP) y el acompañamiento técnico de la Cooperación Alemana GIZ, el taller reunió a representantes de la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura y el Ministerio del Trabajo quienes también participaron en el proceso de levantamiento y validación de información.

Para Doménica Bajaña, secretaria General de Integridad Pública, este taller “representa una oportunidad estratégica para el Ecuador, ya que nos permite evaluar, con base en evidencia y estándares internacionales, cómo el país está fortaleciendo la integridad pública y qué desafíos aún debemos enfrentar para consolidar instituciones más transparentes, eficientes y capaces de prevenir la corrupción.”

Además, explicó que los resultados deben verse como un punto de partida para impulsar mejoras concretas, fortalecer la coordinación interinstitucional y seguir construyendo un Estado cada vez más íntegro.

Los IIP son una herramienta técnica que permite medir la solidez y resiliencia de los sistemas de integridad pública para prevenir la corrupción, la mala gestión y el uso ineficiente de los recursos públicos. Estos indicadores no buscan clasificar a los países, sino generar evidencia comparada, identificar brechas institucionales y orientar decisiones de mejora en materia de integridad pública.

Es importante mencionar que el indicador “Eficacia del control interno y la gestión de riesgos” evalúa el marco regulatorio sobre control interno, auditoría interna y gestión de riesgos, así como su implementación dentro de la Función Ejecutiva. Este componente es especialmente relevante para el país porque conecta esfuerzos institucionales orientados a fortalecer la prevención de riesgos de corrupción, la gestión interna de las entidades públicas y el desarrollo de metodologías, impulsadas desde la SGIP para fortalecer la identificación, tratamiento y seguimiento de riesgos de corrupción.

Por otro lado, la “Integridad en los sistemas de justicia y de disciplina” analiza la existencia y la aplicación de salvaguardias básicas para la integridad judicial y fiscal, así como los procedimientos disciplinarios vigentes para los funcionarios públicos. Este componente permite reconocer que la integridad pública no se limita al ámbito preventivo del Ejecutivo, sino que requiere también instituciones de justicia, control y disciplina con reglas claras, procedimientos efectivos y garantías para abordar conductas contrarias a la integridad. Con este trabajo, el país fortalece la evaluación de sus políticas de integridad, identifica oportunidades de mejora y avanza en su alineación progresiva con estándares y buenas prácticas internacionales que promueven una gestión pública más transparente, eficiente y orientada a resultados.