Con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Ecuador inicia una intervención estructural en los sistemas de control portuario
El país inicia una intervención estructural en los sistemas de control portuario, uno de los puntos más vulnerables frente al crimen organizado, mediante la implementación de la MEGERIC, una herramienta oficial del Gobierno Nacional para identificar, valorar y mitigar riesgos de corrupción. Esta acción reunió a Responsables Institucionales de Cumplimiento del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, consolidando una respuesta coordinada del Estado frente a las redes criminales que operan en puertos y aduanas.
El taller se dió en el marco de la Declaratoria de Intención conjunta entre las Naciones Unidas y la Presidencia de la República del Ecuador, considerando que el Gobierno de Canadá y la UNODC en el país se encuentran implementando el proyecto “DISRUPT”, que tiene como uno de sus objetivos y componentes la prevención y combate a la corrupción asociada al crimen organizado, y en este caso, priorizando acciones enfocadas al sistema portuario.
Durante la bienvenida, la Secretaría General de Integridad Pública destacó la importancia de la prevención como parte del sistema de control interno de las instituciones. También, explicó que la MEGERIC busca definir pautas técnicas que permitan llevar a cabo la gestión de los riesgos institucionales de corrupción mediante la creación de estrategias, acciones e indicadores concretos. Además, recalcó que la metodología es una herramienta de aplicación obligatoria para las entidades de la Función Ejecutiva.
Por otro lado, Carla Suarez, oficial de Programa de la UNODC, mencionó la relevancia de este taller ya que se enmarca en el Día Internacional contra la Corrupción. “Creemos firmemente que una de las maneras más eficientes y sostenibles para el combate a la corrupción es la integridad”, añadió.
El Gobierno del Nuevo Ecuador reafirma su compromiso con el fortalecimiento de mecanismos eficaces para enfrentar al crimen organizado, impulsando prácticas responsables y procesos de capacitación que doten a los funcionarios de los conocimientos e insumos necesarios para desempeñar sus funciones como RIC.