Frente a la manipulación mediática con respecto al pago de las pensiones jubilares y la supuesta deuda que mantiene el Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), la Secretaría Nacional de Comunicación se ve en la obligación de desmentir estas tergiversaciones e insistir en informar con claridad absoluta, lo siguiente:

El Gobierno Nacional, canceló de forma oportuna más de 3.500 millones de dólares al IESS, por concepto de contribución del 40% a las pensiones jubilares, hasta diciembre de 2014.

Los supuestos 1700 millones de dólares que se le adeudarían al IESS no existen. Esto es falso, por cuanto la Ley privatizadora modificada en el año 2001 no solo que nunca contó con un Reglamento que operativice pago alguno, sino que no guarda coherencia con la actual Constitución de Montecristi, que expresa claramente que los servicios de salud se deben brindar a través de una red integral. Compromiso que el Gobierno de la Revolución Ciudadana ha cumplido y cumple a cabalidad.

Como parte de la construcción y consecución de un Sistema de Seguridad Social universal y de calidad, el Gobierno Nacional garantizará el pago de las pensiones jubilares.

Es decir, el Estado asumirá la responsabilidad subsidiaria de incluir los fondos para este rubro dentro del Presupuesto General, cuando por algún motivo el IESS no cuente con los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones. De esta manera, el Gobierno Nacional, lo único que busca es promover que el IESS sea, como debe ser, autosostenible y, que genere sus propios ingresos.

Así mismo, con mala intención, se ha mencionado que supuestamente el Seguro Social Campesino va a desaparecer. Esto es absolutamente falso. Por el contrario, se mejorará la infraestructura y las prestaciones para los beneficiarios de dicho seguro y para todos los aportantes y jubilados en general.

En virtud de lo expuesto, rechazamos las declaraciones politizadas e interesadas sobre un supuesto recorte presupuestario y endeudamiento del IESS. Asimismo, ratificamos el compromiso del Gobierno Nacional con los pensionistas y jubilados del país; como también con los trabajadores y aportantes a las entidades de la Seguridad Social, quienes tendrán garantizadas sus prestaciones.