Tonchigüe (Esmeraldas).- La aprobación de la Ley de Recursos Hídricos es fundamental para el país, pero ha recibido los embates de la prensa privada y cierta opsoción. Sin embargo, sus críticas no tienen sustento, pues la nueva norma establece que el agua es de todos los ecuatorianos y su cuidado estará en manos del Estado. Ese es núcleo de la Ley de Recursos Hídricos que acaba de aprobar la Asamblea Nacional, con el apoyo de 103 legisladores.
La norma, que pasó al análisis del Presidente Rafael Correa, textualmente dice que “el acceso al agua es un derecho humano que no puede ser esquilmado por ninguna razón política, religiosa, étnica, ni afectado por ningún cálculo político coyuntural”. Es decir, nadie podrá apropiarse de este recurso vital de los ecuatorianos.

El asambleísta, Miguel Carvajal, sostuvo que la norma claramente establece que no se privatizará el agua y se garantizará el uso para consumo humano y para riego. No obstante, la prensa recogió las críticas de grupos de oposición que sin sustento aseguraba que se iba a privatizar el líquido vital.

Sin embargo, la prensa no recoge las opinión de sectores importantes como de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), la cual está de acuerdo con la creación de un  Consejo Consultivo Plurinacional y Pluricultural del Agua, como lo establece la ley, para ser protagonistas en las políticas públicas para proteger  este recurso.

Pero no solo el Estado será el responsable. La ley de Aguas respeta las costumbres milenarias de los pueblos indígenas para el manejo comunitario del líquido, para el consumo y para riego. Esta ley promueve los sistemas comunitarios de agua, las Juntas de Riego, las Juntas de Agua Potable, sean éstas de indígenas, montubios y  afrodescendientes. /CIT El Ciudadano