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Ley de Comunicación empodera al ciudadano a defenderse de los abusos de la prensa mercantilista

Guayaquil (Guayas).-El Presidente Rafael Correa aseguró hoy que, con la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación, se empodera al ciudadano para que éste pueda defenderse de los abusos de cierta prensa. Lo dijo durante un conversatorio con los periodistas en Guayaquil.

El Mandatario expresó su satisfacción porque finalmente el país cuente, luego de cuatro años, con una Ley Orgánica de Comunicación.

El Jefe de Estado recordó que hace cuatro años, los “diputados de alquiler” bloquearon el mandato constitucional que ordenaba que en un año se debía aprobar la Ley Orgánica de Comunicación. Ese mandato fue ratificado en la consulta popular del 2011.

“Estoy satisfecho porque, por fin, se ha respetado el mandato constitucional y felicito a mis compañeros asambleístas por hacer respetar la voluntad del pueblo ecuatoriano”, aseveró el Mandatario.

La ley, según el Jefe de Estado, es absolutamente positiva porque garantiza, plena y totalmente la libertad de expresión, pero con responsabilidad y sin permitir abusos. A diferencia de antes, hoy todos y todas las ecuatorianas y ecuatorianos pueden ejercer este derecho a plenitud. Asimismo, precisó que la Ley de Comunicación garantiza que todas las personas tienen derecho a que la información de relevancia pública que reciben a través de los medios de comunicación sea verificada, contrastada, contextualizada y oportuna.

“Con esta ley, los ciudadanos tendrán armas para defenderse de los abusos de la prensa”. Además, señaló que ahora los ciudadanos pueden denunciar linchamientos mediáticos, exigir rectificaciones, etc.

La ley protege y defiende la cultura nacional. “Imagínense que hasta la publicidad la importamos, cuando debe ser nacional”.

Aspiramos que con esta nueva norma legal, el país tenga una prensa de mejor calidad y, sobre todo, una verdadera libertad de expresión que respete los derechos de todos y todas los ciudadanos.

Para el Mandatario, la figura del linchamiento mediático que se incorporó en la nueva Ley de Comunicación, entendiendo por tal, la difusión de información reiterativa, deliberada de tratar de destruir a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública, tal como ocurrió con la asambleísta María Augusta Calle que durante cinco años fue linchada mediáticamente, acusándola de ser cómplice de las FARC. Después de un lustro de investigaciones, la Fiscalía de Colombia dijo que no tenía elementos para acusarla. ¿Quién responde por eso?

La Ley Orgánica, aprobada por la Asamblea Nacional este viernes 14 de junio del 2013, contiene 129 artículos, 17 disposiciones transitorias, tres reformatorias y una derogatoria, con el fin de desarrollar, proteger y regular, en el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos constitucionalmente.

La ley tiene además aspectos relacionados con los derechos a la libertad de expresión y opinión, la prohibición de la censura previa, la responsabilidad ulterior, el derecho a recibir la información de relevancia pública veraz, el derecho a la rectificación, por tanto, todas las personas tienen derecho a que los medios de comunicación rectifiquen la información que han difundido sobre ellas.

Asegura la protección integral de las niñas, niños y adolescentes, el derecho a la igualdad e interculturalidad, el derecho al acceso a frecuencias, en igualdad de condiciones; al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico, asignadas para los servicios de radio y televisión abierta y por suscripción en los términos que señala la ley.

Además, consagra los derechos de las y los trabajadores de la comunicación, así como de la institucionalidad para la regulación y control, por lo que el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación estará integrado por cinco representantes: de la Función Ejecutiva, de los Consejos Nacionales de Igualdad, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; de los gobiernos autónomos descentralizados; y del Defensor del Pueblo, a la vez que se establecen sus atribuciones.

Crea la Superintendencia de la Información y Comunicación que será el organismo técnico de vigilancia, auditoría intervención y control, con capacidad sancionadora, de administración desconcentrada, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa.

El Superintendente será nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de una terna que enviará el Ejecutivo.

Asimismo, prevé la distribución equitativa de frecuencias del espectro radioeléctrico: 33% para los medios públicos, 33% para la operación de medios privados y el 34% para la operación de medios comunitarios. También define la modalidad para la adjudicación de concesiones, entre otros aspectos.

Se determina, además, que está prohibido que las personas naturales o jurídicas concentren o acumulen las concesiones de frecuencias o señales para el funcionamiento de estaciones matrices de radio y televisión. MNC/El Ciudadano