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“El cambio es radical, ahora hay jueces y juzgados para resolver con agilidad los procesos”

Quito (Pichincha).- Por primera vez en la historia del país los ecuatorianos evidencian el cambio radical en el sistema de justicia con la incorporación de nuevos jueces y funcionarios elegidos por concurso público y la construcción de modernos juzgados para agilitar el trámite de miles de juicios que estuvieron represados en anteriores administraciones.

En una entrevista concedida a El Ciudadano TV, la ministra de Justicia, Johanna Pesántez, indicó que en su experiencia como funcionaria judicial de 12 años pudo constatar el retardo judicial por la falta de computadoras y jueces para resolver los procesos.

“El cambio es radical, ahora existe nuevos juzgados y jueces que permiten atender con dignidad a los ciudadanos y resolver las causas judiciales en el menor tiempo posible”, indicó.

La ministra Pesántez rechazó las falsas denuncias de la prensa mercantilista y opositores políticos que pretenden desinformar a la ciudadanía señalando una presunta metedura de mano en la justicia.

“No existe esa mano en la justicia, lo que existe es un apoyo absoluto del Gobierno para que el sistema judicial cambie y los ciudadanos y ciudadanas tengan las respuestas que corresponden dentro de cada uno de los problemas”, manifestó.

Destacó que los avances trascienden a todos los aspectos de la administración de justicia, no solo en el ámbito penal, citando como ejemplo que actualmente las madres de familia pueden cobrar oportunamente las pensiones alimenticias de sus hijos y los trabajadores acceden a liquidaciones justas por parte de sus ex empleadores.

También desmintió que se haya criminalizado la protesta social, como falsamente señalan los detractores de los cambios que se aplican en la justicia. Indicó que la reforma legal presentada en la Asamblea en octubre 2010 pretende actualizar normas obsoletas del Código Penal para sancionar nuevos delitos que registra la sociedad actual, como el sabotaje y terrorismo o la paralización de servicios públicos. POG/ El Ciudadano