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Ejecutivo emitió Reglamento a la Ley de Incentivos

Quito (Pichincha).- El presidente Rafael Correa mediante Decreto Ejecutivo No 100, de 2 de septiembre del 2013 expidió el Reglamento a la Ley de Abono Tributario, que tiene como objetivo compensar los efectos de la renuncia del Ecuador al Sistema de Preferencias Arancelarias (Atpdea, por sus siglas en inglés).

En el documento se señala que el Comité Administrativo de la Ley de Abono Tributario (Calat), basado en las condiciones económicas del país y considerando el comportamiento del mercado internacional de productos, calificará a los beneficiarios del certificado de abono tributario.

Además, dicho organismo definirá tanto los montos máximos anuales del beneficio por exportación, como los mercados internacionales de destino “de las exportaciones ecuatorianas respecto de las cuales los exportadores hayan sufrido una desmejora en el nivel de acceso”.

También el Calat deberá aprobar las resoluciones que sean necesarias para la correcta aplicación de la normativa legal y este reglamento; y resolver la terminación anticipada de los períodos de concesión de Abono Tributario.

El decreto No 100 también menciona que el exportador, para recibir el Certificado de Abono Tributario deberá estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones legales ante sus trabajadores. Para ello, “llenará un formulario proporcionado por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador”.

De igual manera, el artículo 5 del documento indica que “la Aduana concederá dichos certificados: a las personas naturales o jurídicas que hayan calificado para el efecto, una vez que su declaración aduanera de exportación se encuentre regularizada”, conforme el procedimiento establecido en este reglamento.

“El Abono Tributario consiste en la devolución de los aranceles que les tocaría pagar por concepto de exportaciones a través de un sistema mucho más ágil y efectivo.

Con la normativa el Gobierno prevé mitigar los impactos comerciales por la renuncia a las preferencias arancelarias del Atpdea. Se estima que la afectación sería de $ 23 millones.

De su parte, Xavier Cárdenas, director general del Senae, recalcó que dentro de la ley se plantea un esquema de infracciones para frenar el uso indebido del Abono Tributario, a través de sanciones administrativas.