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Ecuador rechaza el Informe de Relatoría para la Libertad de Expresión

Quito (Pichincha).- Ecuador rebatió el Informe Anual 2012 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque contiene graves falencias metodológicas y una absoluta falta de transparencia.
El Gobierno ecuatoriano cuestionó el Informe elaborado y presentado por la Relatoría, dirigida por la colombiana Catalina Botero, porque tiene la intención implícita de desprestigiar al Primer Mandatario Rafael Correa.

El Informe evidencia varias tergiversaciones, las cuales afectan a la imagen internacional del país y favorecen a grupos de poder mediáticos y políticos de Ecuador. El Estado rechaza las opiniones vertidas por la Relatoría que afirma haber “constatado” un aumento en los hostigamientos contra periodistas y comunicadores sociales y un ambiente de alta polarización social.

Para el Estado ecuatoriano, las fuentes de las que proviene la información utilizadas en el Informe no son transparentes y las referencias usadas son de actores privados (medios de comunicación, Fundamedios, asociaciones de periodistas, ONG’s), actores abiertamente confrontados con el Gobierno, que menoscaban la discreción, transparencia, imparcialidad y ecuanimidad de un organismo tan importante como la Relatoría.

En este contexto, el Gobierno reitera que la información y las conclusiones respecto de la libertad de expresión en el Ecuador son sesgadas, parcializadas e inconsistentes.

Entre las inconsistencias que constan en el Informe, la Relatoría hace referencia a la muerte del periodista gráfico Byron Baldeón. Pero, el propio Informe señala que el Estado está cumpliendo con la responsabilidad de investigar.

Sin embargo, no es ese el punto al que le da mayor cobertura, sino a la muerte del periodista, para que la misma pueda ser interpretada tendenciosamente. Tampoco señala el texto con el que el Presidente Rafael Correa, inmediata y públicamente, deploró el hecho y se comprometió a esclarecer el asesinato.

Del mismo modo, omite que la organización Fundamedios, una de las fuentes más citadas en el informe y de donde la Relatoría obtiene la información sobre este caso, fue públicamente acusada por Henry Holguín, Editor General de Diario Extra, por manipular el asesinato del periodista con fines políticos.

Asimismo, el Estado señala que la Relatoría omitió explicar que las reformas la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de Ecuador, Código de la Democracia, fue motivada en la necesidad de evitar que determinados candidatos reciban, ya sea por pagos ilegales o por otros mecanismos irregulares, un trato preferencial en relación al acceso a los medios de comunicación durante la campaña electoral. Adicionalmente, la Relatoría tampoco menciona que existen medios privados que son propiedad de grupos económicos que históricamente han estado vinculados con el poder económico y político del país.

De este modo, según el Gobierno, se demuestra la parcialidad del informe, ya que nada se dice sobre la importancia de la normativa electoral que exige la neutralidad de los medios, con el fin de garantizar el derecho a una información veraz para la ciudadanía, ni de los esfuerzos del Gobierno por lograr democratizar la comunicación.

Sobre la Ley de Comunicación, el Gobierno cuestiona a la Relatoría y aclara que el mencionado proyecto fue ampliamente difundido en foros públicos y la Relatoría tiene una versión anterior y totalmente diferente al documento final que reposa en la Asamblea Nacional.

Asimismo, el Gobierno señala que las amenazas a la periodista Janeth Hinostroza, de Teleamazonas, no han sido comprobadas, porque sigue ejerciendo su profesión en otros medios.

En cuanto al cierre de varias radioemisoras, el Gobierno indica que curiosamente la Relatoría no cita qué medios fueron cerrados y, sobre todo, las causas del cierre, en su mayoría por incumplimientos legales o porque demostraron que adquirieron las frecuencias de manera fraudulenta.
Para poner ejemplos de las “tergiversaciones”, el Gobierno hizo referencia a tres de los casos que constan en el informe anual de la CIDH: la denuncia de Jaime Solórzano en el caso Invermun; los miembros de la veeduría que conformó el Gobierno para revisar los contratos de Fabricio Correa, y el reportaje de Teleamazonas sobre un supuesto espionaje en el Ministerio de Relaciones Laborales.

Sobre el primer caso, indicó que la Relatoría dice que en el caso de Jaime Solórzano se trató de una sanción a una expresión crítica. Pero Solórzano acusó al secretario de la Administración Pública, Vinicio Alvarado, y a otros funcionarios, de cobrar coimas para permitir el trabajo de casinos en Guayaquil. Él nunca pudo probar su acusación y fue condenado por injurias.

También hace referencia a la preocupación de la Relatoría sobre las críticas del presidente Correa al reportaje de Teleamazonas. “El propio canal reconoció su equivocación y pidió disculpas por la información”. MNC/El Ciudadano.