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América entera busca nuevos rumbos para la CIDH

Quito (Pichincha).- Mañana, 11 de marzo de 2013, es crucial para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Los representantes del continente se reunirán en Guayaquil, para adelantar los criterios sobre las reformas al método de trabajo e investigación que mantiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El rol fundamental de la CIDH ha sido desviado. Los principales problemas han sido detectados en el procedimiento para la aplicación de medidas cautelares y para la tramitación de casos y peticiones individuales por parte de demandantes.

María del Carmen Jácome, subsecretaria de DD.HH. del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, explicó que la CIDH no cuenta con un sistema claro para otorgar las medias cautelares. Es decir, las puede conferir en cualquiera caso y por cualquier motivo, sin un estudio de la gravedad o urgencia, con lo cual se afecta el espíritu de protección a los derechos humanos que sustentan estas medidas.

Los países miembros del organismo continental detectaron que el propósito de las medidas cautelares y de la tramitación de los casos se fueron desviando e, incluso, servían como medida de presión política en el interior de cada nación.

El Presidente Rafael Correa ha sostenido que los países del continente están construyendo las alternativas para mejorar el trabajo de la CIDH, pero sin que se afecte el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Esta labor no es nueva: inició en junio del 2011, cuando el Consejo Permanente de la OEA creó el Grupo de Trabajo Especial. Este equipo preparó un informe con 67 recomendaciones para mejorar el trabajo de la CIDH.

El Informe del Grupo de Trabajo Especial fue aprobado por el Consejo Permanente el 25 de enero de 2012, y acogido por la Asamblea General de la OEA el 5 de junio de 2012. Es decir, cuenta con el aval de la mayoría de países del bloque.

Por ejemplo, se pidió que la CIDH impulse decididamente que todos los países miembros firmen los tratados de derechos humanos y que elabore un informe sobre la incidencia de la no universalidad de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y de los instrumentos interamericanos de derechos humanos.

Hasta el momento, los países que no han firmado este convenio son Estados Unidos, Canadá, Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Guyana, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas.

Esta es otra de las contradicciones que ha denunciado el Presidente Rafael Correa, pues la CIDH tiene su sede en Washington, pero Estados Unidos no ha suscrito el Pacto de San José y, por lo tanto, no puede ser evaluado como el resto de nacionales del continente.

Algo similar sucede con la Relatoría de Libertad de Expresión que es la única Relatoría de la CIDH que recibe financiamiento de países de la Unión Europea, que tampoco es suscrita al régimen de DD.HH. y de ONG que están vinculadas con intereses políticos y económicos particulares.

Sobre la aplicación de las medidas cautelares, los países de la región exigieron a la CIDH que aplique “rigurosamente los criterios de admisibilidad de peticiones, incluida la verificación exhaustiva del agotamiento de los recursos internos para evitar procesos paralelos”. Asimismo, que haga un estudio de cada caso para entregar una medida cautelar que obliga a los estados a tomar acciones de protección, muchas veces sin sustento.

Ecuador es uno de los países que impulsa los cambios en la CIDH, no para debilitar al sistema regional de derechos humanos, sino para evitar que sus organismos se conviertan en un instrumento político. DEO-CIT/El Ciudadano