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16 recomendaciones para seguir con la histórica transformación de la Justicia

Quito (Pichincha).- La veeduría internacional entregó ayer sus observaciones y recomendaciones para mejorar el proceso de reestructuración del sistema judicial. Un informe del Consejo de Participación Ciudadana difundió que los expertos plantearon 16 sugerencias.

 

La veeduría estuvo presidida por el prestigioso jurista español Baltasar Garzón. Los otros miembros del equipo fueron: Carolina Escobar (Guatemala), Porfirio Muñoz (México), Marigen Hornkohl (Chile), Rafael Follonier (Argentina), Daniel Gurzi (Argentina), Víctor Foresi (Argentina) y Marco Aurelio García (Brasil).

Desde noviembre del año pasado, ellos siguieron de cerca el proceso de transformación judicial. Al terminar su trabajo entregaron un informe al Consejo de Participación Ciudadano, el cual deberá difundir todas las recomendaciones y observaciones hechas por los expertos extranjeros.

Los veedores pidieron que se creen protocolos para garantizar la independencia judicial, aspiración que debe ser respaldada por todos los sectores del país, según Garzón.

Las recomendaciones para mejorar el trabajo de la Corte Nacional de Justicia fueron que se conformen las salas de la Corte para el descongestionamiento de las causas represadas y la utilización de jueces de banco de elegibles que posee la Corte Nacional.

Sobre el proceso de selección de los nuevos jueces los veedores proponen que se adopten mecanismos idóneos para la revisión de los resultados del concurso de oposición y merecimientos; la reconsideración de las evaluaciones psicológicas; la toma de nuevos exámenes a los servidores judiciales, integrar al servicio judicial a los postulantes ganadores de los concursos de oposición y merecimientos. Además, de la adopción de mecanismos para transparentar los resultados de los concursos previos al ingreso al servicio judicial y que se transparente la información de los concursos de la Corte Nacional.

El presidente del Consejo de la Judicatura, Paulo Rodríguez, recordó que por primera ocasión el país es testigo de la selección de jueces con concursos públicos, con pruebas y, sobretodo, donde la ciudadanía puede impugnar a los candidatos. Este momento, la Judicatura desarrolla el concurso más grande dentro de sus 18 meses de gestión y pretende elegir a más de 1000 servidores para todas las cortes del país.

Otras recomendaciones se hicieron para agilitar los procesos penales. Por ejemplo se pidió que se instalen mecanismos alternativos para cumplir la comparecencia de peritos y testigos; el rediseño de las salas de audiencias y, sobretodo, la creación de tribunales para juzgar los delitos del crimen organizado.

La instauración de este tipo de tribunales se encuentra en el proyecto del Código Penal Integral que hace más de un año está en manos de la Asamblea para debatirlo y aprobarlo. Los ministerios de Justicia y del Interior, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía y la Defensoría Pública acordaron solicitar a la Legislatura la creación de estos tribunales especiales. La razón es que hay casos de narcotráfico, contrabando, trata de personas que son tratados por jueces donde ocurren estos delitos, los cuales pueden ser en ciudades pequeñas. Entonces, los judiciales son víctimas de presiones para liberar a los culpables.

La veeduría también se preocupó por los procesos de capacitación de los servidores de la Función Judicial. Este punto para Baltasar Garzón es clave dentro del proceso de reconstrucción de la Justicia nacional. Por eso, solicitan que haya una capacitación permanente a judiciales, fiscales y estudiantes. También que se trabaje en conjunto con las universidades para la creación de la Escuela Judicial que entrará en funcionamiento el próximo año.

En el reporte, además, solicita que exista un pronunciamiento (no explica a cuál institución pide su criterio) sobre los casos “Valverde Orellana;  los 10 de Luluncoto; Comité de Familiares de Desaparecidos y de la Comisión de la Verdad”.

Asimismo, los veedores solicitan que se indemnice a los servidores judiciales que fueron separados de sus cargos. CIT /El Ciudadano